De pajaportes y PNIs
En 2020 el mundo entero trataba de luchar contra la pandemia de COVID-19. Las empresas tecnológicas propusieron su propia solución con el rastreo de contactos de Android e iOS, y en España se utilizó dicha propuesta para desarrollar Radar COVID, la aplicación móvil que teóricamente serviría para evitar que las cosas fueran a peor.
Aquella app, de la que se habló durante semanas, fue un absoluto fracaso. Costó 4,2 millones de euros y registró un 1% de todos los positivos, aunque en este último dato la culpa la tuvimos los usuarios, que jamás nos fiamos demasiado de ella.
Algunos países, sobre todo en el sudeste asiático, sí lograron tener algo más de éxito con sus respectivas apps, y aquí tuvo bastante que ver que el espíritu colectivo es mucho más de respetar las normas. Aquí éramos más del viva la Pepa.
El caso es que como decía, Radar COVID acabó siendo otra demostración de que en España no sabe manejarse en estas situaciones. Sigue la estela porque queda bien hacerlo, pero poco más.
Es lo que parece estar pasando desde ayer. De repente nos hemos encontrado con que el Gobierno de España se ha sacado de la manga una aplicación de verificación de edad para poder acceder al porno. Se llama Cartera Digital (Beta), pero en redes sociales ya lo llaman de otro modo mucho más acorde con nuestra forma de ver la vida.
Pajaporte.
O por seguir el meme, ahora que estoy chisposo, PNI.
La implementación técnica —yo hablaba de ella hace unas horas— es compleja, y se basa en un sistema teóricamente seguro y privado que permite 1) garantizar que tienes 18 años y por lo tanto puedes ver porno si quieres y 2) garantizar que nadie sabe que eres tú el que lo está viendo.
El problema, claro, es que esto es como tratar de ponerle puertas al campo. Es absurdo tratar de controlar la edad de quienes acceden a esos contenidos, porque de haber solución de este tipo, lo mismo podría haberse aplicado hace 15 años al acceso a las redes sociales. Todos suponemos que son tóxicas para los jóvenes, aunque no acabe de haber pruebas definitivas.
Pero es que ese teórico control de edad podría haberse aplicado al acceso a otros tipos de productos y contenidos online de todo tipo, claro. Que sobre el papel puede sonar bien —los niños no tendrían acceso a contenidos adultos, y tampoco a drogas, bebida, ¿armas?— pero que en la práctica nos sitúa en distopías del tipo de '1984' en las que la privacidad había desaparecido por el bien común.
Ese es uno de los miedos, claro. En la Unión Europea habían defendido tradicionalmente esa privacidad, pero los últimos movimientos —como el de acabar con el cifrado de las conversaciones— se unen a este tipo de medidas y nos hacen pensar que igual esto se nos está yendo (un poco más) de las manos.
El caso es que todo en este nuevo proyecto tecnológico español huele bastante mal. A postureo político, a dineros malgastados que acabarán donde no deben y a esa estúpida obsesión nuestra de seguir la corriente.
Esto lo último lo digo con cierto conocimiento de causa. Estados Unidos está intentando implementar algo así desde 2022. Fracaso. Francia, del que España ha copiado el discurso, lleva desde hace un año. Fracaso. Alemania, Reino Unido, lo mismo. Que las intenciones son buenas, no lo dudo, pero como resumían bien hace unos meses en Euronews, las herramientas de verificación de edad no van a hacer que internet sea más segura.
Y mientras, como digo, esto suena a humo. Sobre todo cuando en la presentación hablan de que España es pionera en Europa —mentira, pero además es como no decir nada— como en tantos otros palabros en los que nos venden que somos guays cuando no hacemos más que malgastar dinero solo para poder salir un poco en la foto. Que también podría decir aquello de "bueno, al menos intentamos mover ficha". El problema es que hay que moverlas bien.
Esto es ridículo, y en el ridículo quedará.
Imagen | Ludovic Toinel